La discusión sobre la abolición de la prostitución vuelve a situarse en el centro del debate público en 2026, en un contexto global marcado por reformas legislativas, investigaciones académicas y movimientos sociales con posiciones encontradas. Esta pieza presenta análisis y perspectivas recientes sobre cómo distintos modelos legales , desde la despenalización total hasta el llamado “modelo nórdico”, influyen en la protección de derechos, la prevención de la trata y la salud pública.
Al analizar experiencias recientes y propuestas de política, recurrimos a estudios y decisiones adoptadas en varios países durante los últimos años para ofrecer un panorama actualizado y útil a responsables políticos, activistas y lectoras interesadas en el tema.
Contexto legal y modelos predominantes
En el debate contemporáneo hay, grosso modo, cuatro enfoques: la criminalización total, la penalización del cliente (modelo nórdico), la regulación/legalización y la despenalización de la oferta y la demanda. Cada modelo tiene variaciones y matices según la jurisdicción, pero colocan incentivos y riesgos diferentes para trabajadoras sexuales, clientes, proxenetas y autoridades.
El llamado “modelo nórdico”, que penaliza la compra de servicios sexuales pero protege a quienes venden, ha sido adoptado por países que buscan reducir la demanda y visibilizar la explotación como un problema social. Investigaciones recientes muestran efectos heterogéneos y posibles desplazamientos del mercado sexual hacia otras zonas o turismo sexual, lo que exige un análisis más amplio de políticas complementarias.
Por su parte, la despenalización y la regulación buscan integrar el trabajo sexual en marcos laborales y sanitarios, con ejemplos históricos como Nueva Zelanda (2003) que ofrecen lecciones sobre derechos laborales y limitaciones pendientes en materia de discriminación y protección de migrantes.
Impacto social y salud pública
Los efectos en salud pública varían según la política: modelos que acercan a trabajadoras sexuales a servicios sanitarios y policiales tienden a mejorar acceso a prevención y denunciar delitos, mientras que la criminalización puede empujar a la clandestinidad y aumentar riesgos de violencia y enfermedades.
Evaluaciones a largo plazo en contextos de despenalización muestran mejoras en la relación con la policía y mayor capacidad para reclamar derechos laborales; sin embargo, persisten retos como el estigma social y lagunas legales que afectan a personas migrantes y a trabajadoras sin contrato formal.
La planificación de políticas públicas debe combinar medidas de salud sexual y reproductiva, programas de salida para quienes quieran dejar la industria, y recursos para la protección contra la trata, en lugar de depender exclusivamente de la coerción penal.
Argumentos a favor de la abolición
Quienes abogan por la abolición entienden la prostitución como una manifestación de desigualdad de género y violencia estructural; apuntan a que eliminar el mercado reduciría la demanda y reconfiguraría normas culturales sobre la sexualidad mercantilizada.
Desde esta perspectiva, penalizar la compra de servicios protege potenciales víctimas y sirve como herramienta simbólica para afirmar la dignidad humana, siempre que se combine con políticas sociales que ofrezcan alternativas reales de empleo, vivienda y atención psicológica. Estudios sobre reformas de tipo abolicionista subrayan la necesidad de programas de salida robustos para evitar que la criminalización deje a personas vulnerables sin apoyo.
Además, movimientos feministas abolicionistas advierten que el reconocimiento del trabajo sexual como mera ocupación puede normalizar relaciones de poder basadas en la compra de cuerpos, y llaman a políticas que reduzcan la aceptación social del consumo sexual pagado.
Argumentos en contra y retos prácticos
Las críticas a la abolición señalan que criminalizar a clientes o a terceros sin medidas integrales puede incrementar la inseguridad de las trabajadoras sexuales, empujarlas a zonas más aisladas y dificultar que accedan a apoyo policial y sanitario.
Organizaciones de derechos humanos y algunos grupos de trabajadoras sexuales sostienen que la despenalización ofrece mayor protección práctica en el día a día y permite reclamar derechos laborales y sociales; la experiencia en varios países muestra que legalizar sin medidas de inclusión puede dejar fuera a personas en situación irregular.
Otro reto es la implementación: leyes bien formuladas pueden fracasar si no existe voluntad política, recursos para programas sociales o coordinación internacional para combatir redes de trata que operan transnacionalmente.
Experiencias recientes y lecciones aprendidas
En los últimos años han surgido desarrollos relevantes que aportan lecciones prácticas. Por ejemplo, en 2024 Bélgica aprobó un paquete legal que otorga derechos laborales (maternidad, pensiones) a trabajadoras del sexo dentro de un marco regulador, marcando un precedente sobre reconocimiento laboral y protección social. Ese caso muestra tanto avances en seguridad social como debates sobre exclusiones y estigmas persistentes.
En Suecia y otros países con políticas inspiradas en el modelo nórdico se han destinado recursos crecientes a programas de salida y atención a víctimas; el reto ha sido medir impactos netos y gestionar efectos secundarios como desplazamientos del mercado hacia otras jurisdicciones.
La evidencia sugiere que ninguna política única es mágica: los resultados dependen de marcos de protección social, inversión en servicios y participación de quienes trabajan en la industria en el diseño de las medidas.
Propuestas para una transición justa
Si una sociedad decide avanzar hacia la abolición, la transición debe priorizar la reducción de daños y la creación de alternativas: formación profesional, acceso a vivienda, atención médica y programas de reinserción laboral con financiamiento sostenido.
Es esencial articular políticas con enfoque de derechos humanos que no criminalicen a las víctimas de trata y que ofrezcan vías legales para regularizar la situación de migrantes explotadas. Además, los procesos legislativos deben incluir la voz de trabajadoras sexuales para evitar soluciones que aumenten su vulnerabilidad.
Finalmente, la cooperación internacional y el intercambio de datos entre países son necesarios para atacar redes criminales que explotan la movilidad y las diferencias regulatorias entre jurisdicciones.
La discusión sobre la abolición de la prostitución exige equilibrar principios éticos, evidencia empírica y consideraciones prácticas. Las decisiones públicas deben combinar prevención de la explotación con medidas efectivas de protección social y salud.
Buscar soluciones justas requiere transparencia, evaluación continua de políticas y participación de quienes están directamente afectadas por las reformas; solo así será posible diseñar respuestas que reduzcan daño, promuevan derechos y ofrezcan alternativas reales.